Desde la puesta en marcha del denominado ‘Paquete lácteo’, la obsesión de la legislación en esta materia ha sido dar más poder a los productores en las negociaciones del precio de la leche con las grandes industrias. Sin embargo, la sensación general es que ese objetivo no se ha conseguido, sino que son los compradores los que siguen imponiendo todos los aspectos relativos a la transacción, incluido el precio de venta.

Por esa razón, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha decidido dar un lavado de cara a esa normativa, puliendo varios aspectos e intentando conseguir esos objetivos. Una de las novedades es que los primeros compradores presenten, con anterioridad a la firma del contrato, una oferta por escrito a los productores. Asimismo, se establece la obligación de recoger en los contratos las diferentes condiciones de precios (si existen) según los volúmenes o la posibilidad de incluir cláusulas de reparto de valor; además de establecer las condiciones para la formalización, subrogación y modificación de los mismos. También hay mejoras en la negociación contractual, pues se establece que el mandato de la negociación que los ganaderos deben dar a las organizaciones de productores incluya toda la producción y una duración mínima de dos años prorrogables automáticamente.

Desconocemos si se logrará dar más poder a los productores con esta nueva normativa. Pero que así sea.