Los agricultores y ganaderos llevan ya varios años reclamando la prohibición de una práctica abusiva que consideran muy perjudicial. La venta a pérdidas ha contribuido a la grave crisis de rentabilidad que sufre el campo por los desequilibrios de la cadena agroalimentaria, según recuerda Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Este aspecto ha estado de plena actualidad este verano con las denuncias de productores sobre la venta de leche a pérdidas.

La organización agraria destaca diez motivos por los que se debe prohibir y perseguir esta práctica:

1. Porque la agricultura y la ganadería son actividades en una situación crítica, que deben ser protegidas dados los innumerables beneficios que aportan a la sociedad: Alimentan a toda la sociedad, mantienen vivos los pueblos, vertebran el territorio, mantienen viva la cultura rural de nuestros pueblos, ayudan a prevenir incendios forestales, y son el único antídoto para frenar el grave fenómeno de la despoblación de la España vaciada.
2. Porque la cadena agroalimentaria está aquejada de un enorme desequilibrio, con cientos de miles de pequeños productores –en su mayoría de carácter familiar-, miles de industrias y cooperativas agroalimentarias, cientos de intermediarios y apenas unas pocas grandes corporaciones de la distribución, que se reparten el mercado en pocas manos y son quienes verdaderamente deciden lo que se vende y se compra y a qué precio.
3. Porque la propia Unión Europea, en su Tratado de Funcionamiento afirma que entre los objetivos de la UE están el garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola […] mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura; así como estabilizar los mercados. La sentencia del TJUE va claramente en contra de estos principios.
4. Porque la venta a pérdidas no supone en ningún caso un beneficio para los consumidores, como algunos podrían pensar. Para las grandes cadenas de la distribución que la practican, las ventas a pérdidas son gotas de pérdidas en un océano de beneficios. El único objetivo es usar productos básicos de la cesta de la compra como reclamo, cuando el margen se recupera después con otros productos.
5. Porque los Gobiernos deben luchar contra la desigualdad en todas sus formas, y una de las más graves es la desigualdad en el poder negociador entre los eslabones de la cadena agroalimentaria. Desde el sector productor debemos reforzar nuestro papel, quién lo duda, en ello estamos, pero las leyes están para frenar abusos y proteger a los desprotegidos, en este caso, los agricultores y ganaderos.
6. Porque la destrucción del tejido productivo, en forma de abandonos y cierre de granjas, que provoca la venta a pérdidas se traducirá a medio plazo en una menor soberanía alimentaria y una pérdida también de seguridad alimentaria, al perder control sobre el origen de los alimentos a disposición de la sociedad.
7. La propia existencia de la Ley de la cadena alimentaria reconoce que el agroalimentario es un sector especial, y como tal debe ser protegido frente a los abusos que se cometen en su seno. Por ello desde UPA seguimos exigiendo la prohibición de la venta a pérdidas mediante una modificación de esta Ley, que aplaudimos cuando se aprobó, pero que ahora debe ser reformada para que cumpla sus indiscutibles objetivos.
8. Porque más del 15% de las reclamaciones que ha recibido el organismo de control, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), desde su creación, son denuncias por venta a pérdidas. Esto demuestra que esta práctica se produce y se denuncia por parte de los productores, pero no se sanciona.
9. Porque es perfectamente legal y jurídicamente viable prohibir las prácticas que lleven a la destrucción de valor en la cadena agroalimentario, estableciendo modificaciones en las leyes de Comercio y de Cadena agroalimentaria, que serían perfectamente compatibles con la legislación europea.
10. Porque las leyes deben siempre primar la protección de muchos frente al beneficio de unos pocos. La situación del eslabón productor es crítica, con rentabilidades bajo mínimos y un modelo familiar de producción que está en grave peligro de desaparición, lo que puede tener gravísimas implicaciones en nuestra sociedad y nuestra economía.