El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modificará el Real Decreto 319/2015 con el objetivo de incrementar la información actualmente suministrada por los primeros compradores de leche. La base de la nueva norma es el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1746 de la Comisión, conocido como ‘Reglamento de Transparencia’, que incluye nuevas obligaciones de suministro de información para los operadores de los diferentes sectores agroalimentarios y para las autoridades de los Estados miembros.

En el caso del sector de la leche cruda de vaca, se suman, a las que ya existen en la actualidad, nuevas comunicaciones que deben realizar los agentes, como son su composición en materia grasa y proteína, la producción de leche cruda ecológica y el precio de ésta. Esta nueva información deberá ser incluida por los primeros compradores de leche en la base de datos del sistema unificado de información del sector lácteo (Infolac) en la próxima declaración del mes de febrero.

Para lograr una mayor transparencia se incluye la exigencia de comunicar desde febrero de este año los datos correspondientes a las producciones de calidad diferenciada, tales como las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas.

La nueva norma realiza una reasignación de las obligaciones de las diferentes unidades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en función de sus competencias relacionadas con el sector lácteo, adscribiendo la aplicación Infolac, que recoge toda la información relevante para el mercado lácteo y que en la actualidad es gestionada por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

El real decreto aprobado hoy también incluye una disposición adicional para prorrogar la vigencia de la normativa de indicación obligatoria del origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos.

El análisis del impacto de esta medida, que lleva dos años en funcionamiento, es muy positivo, según una encuesta realizada por el MAPA en el dentro del Barómetro del clima de confianza del sector agroalimentario. Tanto los consumidores, que dan mucha importancia al origen de los productos que compran, como los operadores de la cadena alimentaria, que abogan por la continuidad de esta normativa, dan su apoyo a la iniciativa.