La directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Rodríguez de Sancho, ha hecho hincapié en que es imprescindible tener un instrumento a escala nacional para la gestión del lobo

Así ha sido el lunes después dela presentación del ejercicio internacional de extinción de incendios forestales que tiene cita en Santa Colomba de Somoza (León) hasta el 12 de mayo y a la que se estima que van a acudir más de 430 profesionales.

Rodríguez de Sancho defendió que esta estrategia “es importante” para poder delimitar las actuaciones de control de poblaciones del lobo. Aseguró que contemplará todo tiempo de situaciones, dotándolas de seguridad jurídica. Además, el mismo lunes se reunió con las Comunidades Autónomas donde la presencia del lobo supone un gran riesgo. “Todo avanza en buena dirección”, declaró.

Algo que desmienten desde la Junta de Castilla y León. Si bien es cierto que Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, está dispuesto a colaborar, no se ha olvidado recordar que están en desacuerdo y han recurrido la orden  en la Audiencia Nacional. Y es que el único objetivo de las 4 autonomías-Cantabria, Asturias, Castilla y León y Galicia- es la protección de la actividad ganadera, por lo que exigen a Rodríguez de Sancho “garantías jurídicas”.

En especial para que el personal de estas administraciones tenga “la suficiente claridad y garantía” para poder ejecutar las decisiones de control y lo puedan hacer con tranquilidad porque se está haciendo bien”.

Suárez-Quiñones cree que primero debería organizarse una estrategia nueva y luego, si fuera necesario, catalogar al lobo como especie protegida. Porque de momento, cada autonomía afectada tiene su censo y sería necesario uno común para tomar cualquier tipo de medida. Además, ha recordado que  “las órdenes de control del lobo no pueden esperar”  y que los ganaderos necesitan tanto garantías como respuestas.