Galicia insiste en reclamar lo que justamente le corresponde en la defensa legítima de los intereses de sus agricultores y ganaderos con respeto a la aplicación de la futura PAC. “Nuestra comunidad y el resto de los territorios de la Cornisa Cantábrica (Asturias, Cantabria y País Vasco) demandan codo a codo al Gobierno central que se tengan en cuenta las peculiaridades de la España húmeda a la hora de desarrollar esta política, frente a la orientación ‘mediterránea’ que viene mostrando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)”, señala la Xunta de Galicia.

La postura de Galicia y del resto de comunidades cantábricas pivota sobre la defensa de un modelo de ayudas directas que dé prioridad a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales y que atienda a la realidad del norte de España. Esto se recoge en la configuración de la PAC para el próximo período en el pagado redistributivo con el que se pretende beneficiar a las pequeñas y medianas explotaciones frente a las más grandes y, en este ámbito, los representantes de la Xunta defienden que el pago redistributivo tendría que atender a la dimensión media por explotación a nivel nacional, redistribuyendo fondos en favor de las explotaciones que están por debajo de ese promedio.

Por su parte, el Estado pretende que el pago redistributivo se aplique por regiones agronómicas y, debido a la falta de datos, no se puede hacer la simulación para calcular lo que le correspondería a Galicia. En este sentido, nuestra comunidad ya advirtió que ese sistema no cumpliría el postulado por Europa y perjudicaría los intereses de los agricultores y ganaderos gallegos.

Otro aspecto relevante es la necesidad de que se contemple un trato equitativo en la definición de las superficies con pleno derecho al cobro de la PAC, para el futuro período de aplicación de estas políticas. Así, se advierte que el Estado propone ampliar esta superficie en el conjunto del territorio nacional a nuevos cultivos. De este modo, se ampliaría a cultivos de viñedos, frutos y hortalizas, que se localizan fundamentalmente en el sureste español. Para Galicia, esta cuestión supone un agravio, en la medida en que nuestra comunidad es la que tiene menos superficie admisible con derechos de cobro de la PAC entre las principales regiones agrarias de España.