La organización agraria UPA en Castilla y León tramita un total de 300 reclamaciones contra el ‘cártel lácteo’ por las compras que determinadas industrias realizaron a los ganaderos desde los años 2000 al 2013, y que se consideraron como prácticas ilegales por el pacto de precios a los que llegaron esas empresas y que supusieron que los productores cobraran de menos.

Aunque el 11 de julio expiraba el plazo para presentar las reclamaciones, este periodo se ha ampliado hasta el mes de septiembre debido al estado de alarma originado por la COVID-19, por lo que las oficinas de UPA en Castilla y León están en disposición de seguir sumando reclamaciones de afectados.

La CNMC multó hace meses a Corporación Alimentaria Peñasanta , Danone, Lactalis Iberia, Industrias Lácteas Granada, Calidad Pascual, Nestlé España, Schreiber Food España, Gremio Industrias Lácteas de Cataluña, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y Central Lechera Galicia.

“Nuestra organización agraria ha encabezado la defensa de los ganaderos de leche en Castilla y León, entre otros motivos porque fuimos nosotros los que desenmascaramos todo el entramado de las industrias lácteas, lo que condujo a la posterior sanción impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia el 11 de julio de 2019 contra ocho industrias lácteas y dos asociaciones a pagar 80,6 millones de euros en multas por prácticas anticompetitivas”, según señala UPA.