Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca abre la puerta al ganadero a reclamar daños causados durante el saneamiento. En concreto, condena a la Junta de Castilla y Léon a abonar 1.500 euros a un ganadero por la lesión que sufrió un ejemplar de lidia de 10 meses durante las faenas de manejo de las pruebas sanitarias obligatorias en el pitón izquierdo, con desprendimiento de la funda córnea y fractura de la masa ósea. Además, impone a la Administración las costas hasta un límite de 300 euros en una sentencia a la que no cabe interponer recurso ordinario, según publica La Gaceta de Salamanca.

La parte demandante recurrió la Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería que, a través de la Dirección General de Producción Agropecuaria, desestimaba el recurso de reposición interpuesto por el ganadero. La Junta de Castilla y León argumentaba que el artículo 16.1.b) de la Ley 8/2003 de Sanidad Animal incluía entre las obligaciones de los titulares de explotaciones ganaderos “poner las medidas necesarias para que se puedan realizar (las pruebas de saneamiento ganadero) con las debidas garantías de seguridad, tanto para los animales como para el personal que las ejecute”.