En reunión mantenida con la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios y con la Dirección General de la Industria Agroalimentaria, Unión de Uniones ha pedido al Ministerio de Agricultura una regulación específica a nivel estatal de ganadería en régimen de integración que delimite las responsabilidades, obligaciones y derechos del ganadero y de las integradoras y establezca los contenidos mínimos de los contratos, para que las autoridades inspectoras tenga base para perseguir y sancionar los incumplimientos y prácticas abusivas de las empresas integradoras.

En ganadería en régimen integrado se realiza en España más el 95 % de la producción de aves de engorde (broiler), el 60 % del porcino de capa blanca y una parte del vacuno de carne significativa en algunas zonas. Se trata de una modalidad de explotación con una regulación dispersa e incompleta, sobre la que alguna comunidad autónoma (Cataluña) tiene legislación específica y alguna otra (Comunidad Valenciana) la tiene en estudio. La inseguridad jurídica de esta situación favorece que las integradoras, desde su posición de dominio, condicionen al ganadero sin que exista un contrato, o con contratos que ofrecen pocas o ninguna garantía al productor.

Unión de Uniones ha pedido al Ministerio de Agricultura que sus servicios técnicos trabajen una propuesta legislativa nacional de cara a la próxima legislatura que delimite las responsabilidades, las obligaciones y los derecho del ganadero y de la empresa integradora y que defina los contenidos mínimos que debe tener el contrato de integración. La organización considera que el peor escenario posible es contar con varias leyes regionales –lo que llevaría a las integradoras a desplazar la producción donde no las hubiera o fueran más laxas- o lo que sería aún peor, que los ganaderos siguieran trabajando en la situación actual, bajo el imperio de la ley del más fuerte, en este caso la empresa de integración.

El Ministerio, ahora en funciones, se ha comprometido a estudiar cómo podría conducirse normativamente un contenido mínimo para que todos los contratos de integración cumplieran unos mínimos de garantías para las partes y ha recordado que, no obstante, la producción ganadera en integración queda amparada en el marco general de la Ley de Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.