Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía lamenta la política de hechos consumados llevada a cabo por el Ministerio de Agricultura con el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en el territorio nacional, que el titular del ramo, Luis Planas, ratificó ayer en el Consejo de Ministros y que ha remitido hoy a la Comisión Europea para su aprobación.

Después de tres años de trabajo, el Plan Estratégico de la PAC es fruto de un imperativo ministerial, que está lejos del consenso entre comunidades y agentes implicados del que presume Luis Planas. La federación recuerda que a lo largo de este tiempo, el ministro ha desoído sistemáticamente al campo andaluz, a pesar de las numerosas tractoradas y movilizaciones que desde hace más de un año han sacado a la calle el descontento de agricultores y ganaderos andaluces.

“El titular de Agricultura español ha hecho caso omiso a las reivindicaciones y peticiones de la principal comunidad agraria, como quedó patente con la aprobación del decreto de convergencia para las campañas 2021 y 2022, que anunciaba una tasa plana para el campo español, y que se logró frenar para el segundo ejercicio. Después, las negociaciones del Plan Estratégico de la PAC se han desarrollado en la misma línea, por lo que Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía sostiene que Luis Planas no ha tenido intención alguna de negociar con el campo andaluz para aplicar el nuevo marco normativo en el territorio nacional, que llegará en 2023 con dos años de retraso y estará vigente hasta 2027”, señala la organización.

“La hoja de ruta presentada a Bruselas es, por tanto, un documento repleto de desdén hacia la principal comunidad agraria de España: Andalucía. El hecho de reducir el número de regiones (de 50 a 20) muestra la falta de coherencia con la diversidad y la competitividad de los diferentes sistemas productivos que hay en el sur de España”, continúa.

“Pero, si hay una medida lesiva para el campo andaluz, esa es el sistema de ecoesquemas propuesto por el Ministerio, que en la actualidad supone el 23% del presupuesto. El modelo planteado por España falla en el simple hecho de ser completamente ajeno a las regiones productivas reconocidas por Agricultura (20), ya que tan sólo contempla ocho tipos de prácticas. Además, los productores únicamente podrán beneficiarse de un ecoesquema por hectárea, de modo que se penaliza a aquellos agricultores y ganaderos que vayan un paso más allá en materia de sostenibilidad. Por último, el sistema obvia el principio de derechos adquiridos, por lo que cualquier productor, independientemente de si es o no beneficiario de la PAC, podrá acceder a esta partida de ayudas”, concluye.