La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras consultar los últimos datos relativos a sanidad animal y, en especial, a tuberculosis bovina, constata un aumento de la prevalencia de la enfermedad y denuncia la ineficacia de los planes de erradicación.

Unión de Uniones pone de manifiesto que existe una tendencia clara al aumento de casos de tuberculosis bovina e insiste en que no tiene sentido que el Ministerio se empeñe en una línea de continuidad en sus planes de erradicación cuando éstos no han funcionado, según se estima del aumento en 2016 a un 2,87% de prevalencia, retrocediendo a niveles de 2001.

Unión de Uniones revela que empeora la prevalencia en todas las regiones más afectadas. Sólo Andalucía, que es la más afectada, mejora ligeramente; pero se mantiene en niveles altísimos, con un 17,24 en 2015 y un 17,10 en 2016. El resto de las CCAA empeoran: Castilla-La Mancha, que llega al 7,84% (7,63% en 2015), Extremadura, que alcanza el 12,96% (12,23% en 2015); La Rioja, con un 3,86% (2,81% en 2015) y Murcia, con un 2,90% (1,66% en 2015).

Con esta evolución, la organización evidencia su desconfianza en el Plan de Erradicación ya que todo apunta, pese a que los últimos datos disponibles son de 2016, a que los objetivos del Programa de Trabajo Plurianual 2015-2017, que preveían llegar a 2017 con una prevalencia del 1,55%, no se han cumplido.

A la vista de que desde 2005 ya han sido sacrificadas 370.000 vacas sin resolver el problema, desde Unión de Uniones se ha pedido en multitud de ocasiones poder realizar una prueba de contraste para evitar sacrificios innecesarios. Los motivos por los que se ha denegado es porque, según la administración, esta prueba es “única en el tiempo” al no poderse reproducir las mismas condiciones en las que se lleva a cabo, lo que, precisamente, hace dudar a los ganaderos de su fiabilidad, dado que, de repetirse, podrían darse resultados muy distintos.

En lugar del contraanálisis, el nuevo plan incluye la posibilidad de que el ganadero designe un veterinario que esté presente, previa autorización de la Administración, para que contraste la correcta ejecución de las pruebas. En estos casos la Administración nombrará a otro veterinario para que también contraste la prueba, cuyo dictamen será el que valga en caso de discrepancia.

“A nuestro juicio, todo esto es una pantomima” – señalan desde la organización – “Esto no es lo que necesita el ganadero ni hace las pruebas más fiables, sólo más enrevesadas y más costosas para el ganadero, que es quien corre al final con los gastos y las tasas del contraste.”

Unión de Uniones, quien ya se manifestara el septiembre pasado delante del Ministerio de Agricultura, insiste en que el Mapama debe involucrarse de una vez por todas y cambiar radicalmente la forma de gestionar este problema que continúa provocando graves perjuicios a los ganaderos sin ningún tipo de solución.