Unión de Uniones informa que el Tribunal de Cuentas de la UE ha anunciado que va a examinar las medidas excepcionales puestas en marcha por la Unión Europea como respuesta a la crisis de precios que sufrieron los ganaderos de vacuno de leche entre 2014 y 2017, para comprobar si han sido útiles para paliar las pérdidas de ingresos de los ganaderos. Las medidas, que supusieron un montante de 740 millones de euros en ese período en intervención y almacenamiento de productos lácteos y ayudas a los ganaderos para su adaptación a la crisis (350 millones de los anteriores) o al cese temporal de la producción (150 millones).

La producción de leche es el principal sector agrícola de la UE en valor (58 millones de euros en 2018) y actualmente representa alrededor del 14 % de la producción agrícola. España, con los aproximadamente 13.400 ganaderos con entregas, aporta alrededor de un 4,5 % de dicha producción.

Para intentar evitar que los precios de los productos lácteos cayeran hasta niveles insostenibles, se adoptaron medidas (conocidas como la «red de seguridad») para eliminar de manera temporal algunos excedentes del mercado. Dichas medidas incluían la adquisición pública y privada y el almacenamiento de mantequilla y leche desnatada en polvo y ayudas a los productores, medidas que ahora serán examinadas por los auditores del Tribunal de Cuentas.

En 2014-2015, los precios de los productores de leche de la UE sufrieron un descenso de entre unos 10 céntimos de euro y unos 30 céntimos de euro por litro. La Comisión consideraba que el sector lácteo estaba experimentando perturbaciones del mercado debido a un desequilibrio mundial entre la oferta y la demanda, en el que la prohibición rusa sobre la importación de los productos agrícolas y alimenticios de la UE estaba desempeñando un papel importante. En consecuencia, adoptó medidas excepcionales para complementar la «red de seguridad» con el objetivo de proporcionar una ayuda temporal excepcional a los ganaderos y productores de leche más afectados por las perturbaciones. Estas medidas incluían actuaciones para eliminar de manera temporal algunos excedentes del mercado, así como la adquisición pública y el almacenamiento privado de mantequilla y leche desnatada en polvo.

Los Estados miembros podían completar la financiación de la UE con cargo a sus presupuestos nacionales, pero España no lo hizo.