La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez destacó que una mayor protección del lobo, como defiende el Ministerio de Agricultura, Pescad y Alimentación (MAPA), implica romper el actual equilibrio entre la conservación de esta especie y el mantenimiento de las razas autóctonas en extensivo.

Ángeles Vázquez trasladó esta reflexión a los miembros y representantes de las asociaciones y entidades de Razas Autóctonas de Galicia, para informarlos de la postura que defiende la Xunta de Galicia ante la propuesta que abandera el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se resume en incluir el lobo en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespe).

La conselleira de Medio Ambiente recordó que desde hace una década Galicia cuenta con un Plan de gestión del lobo, con el que se garantiza la viabilidad de la especie, es decir, se mantiene la población estable al tiempo que se compatibiliza -su existencia- con la ganadería extensiva y con la viabilidad económica de las explotaciones.

Explicó que esta no se trata de una postura aislada e individual de Galicia, sino que es acorde y común a las cuatro regiones al norte del Río Duero; ya que los intereses de Asturias, Cantabria y Castilla y León -junto con los de Galicia- se verán directamente afectados de salir adelante esta propuesta, pues en estas regiones se registran importantes poblaciones de esta especie asentadas en el territorio y, por tanto, son las que sufren las mayores consecuencias sobre el sector ganadero de los ataques puntuales de estos animales.

Recordó que en caso de que prospere la iniciativa del Ministerio esto implicaría de entrada a prohibición genérica de su caza, al no considerarla una especie susceptible de aprovechamiento cinegético en determinados supuestos; dicho de otro modo, solo se podría autorizar excepcionalmente la captura de algún ejemplar bajo criterios mucho más estrictos que en la actualidad. Esta situación se convierte en una limitación que pondría mucho más difícil recurrir a acciones cinegéticas puntuales cuando estos animales amenacen los intereses ganaderos.

Al mismo tiempo, destacó que la decisión del departamento que preside Teresa Ribera es totalmente contraria al objetivo de la Xunta, compatibilizar la existencia con la viabilidad de las explotaciones, y a las políticas defendidas por el Gobierno gallego, estableciendo promedios preventivos y de compensación por daños provocados por esta especie.