Anda el Ministerio de Agricultura dando vueltas a la forma de trasladar a la legislación española la obligación impuesta por la Comisión Europea para que el etiquetado de determinados productos, entre los que se encuentran los cárnicos y los lácteos, incluyan de forma obligatoria el país de producción y de transformación de esos productos.

No podemos menos que aplaudir a Bruselas por haber puesto en marcha una iniciativa que parece de perogrullo. Saber dónde está ordeñada la leche que consumimos o saber qué pastos comió el ternero que degustamos en la mesa. En la España profunda de hace varias décadas, al margen de que la seguridad alimentaria pudiera estar comprometida por múltiples factores, lo cierto es que sí podían asegurarse de conocer estos detalles de la producción. Parece que hemos retrocedido en el tiempo…

El problema de esta iniciativa tan bien pensada es los resquicios que puedan dejarse. ‘Carne producida en España’, por ejemplo, es mucho decir. Eso puede significar que un camión repleto de terneros de cualquier país europeo, o incluso un barco procedente de otro continente, llega a un puerto español y en el primer matadero que se encuentran, se procede al sacrificio, despiece y comercialización de la carne. Está producido en España, pero…

La leche también puede someterse a interpretaciones variadas. ¿Qué ocurre con las toneladas de leche desnatada en polvo que van a entrar en el mercado que son procedentes de la intervención pública? ¿Cómo se certifica dónde está producida esa leche? Todo eso sin irnos ya al fraude, que también es posible en este sector.

En definitiva, los canallas consideramos que el etiquetado es positivo. Eso sí, hay que ser muy pulcros y detallistas en la elaboración de la normativa. Para que quede todo claro.