Juan Ramón Gallego (Ganadero y Coordinador del Área de Carne en Vacuno de élite)

El vacuno de carne español se encuentra en una fase de transición compleja, diría que “quejoso por los continuos ataques”. Tras varios ejercicios marcados por la volatilidad de precios, el incremento sostenido de los costes de producción y la adaptación a nuevas exigencias normativas, el sector afronta ahora un escenario adicional de incertidumbre producido por la acumulación de acuerdos comerciales impulsados por la Unión Europea que afectan directamente a uno de los productos más sensibles del mercado comunitario.

El acuerdo con el bloque Mercosur y las negociaciones avanzadas con Australia introducen nuevas variables en el equilibrio oferta-demanda del vacuno europeo. Para España, cuarto productor comunitario de carne de vacuno, el impacto potencial trasciende el volumen importado y se sitúa en el terreno de la competitividad estructural. Es decir, carne metida con calzador sin las mismas condiciones de producción.
España cuenta con un censo cercano a los seis millones de cabezas de bovino, con una producción anual que ronda las 700.000 toneladas de carne. El modelo productivo combina explotaciones extensivas ligadas a dehesas y zonas de montaña, sistemas semi-intensivos y cebaderos altamente tecnificados e integrados en cadenas comerciales.
El sector genera miles de empleos directos e indirectos en producción, industria, transporte y comercialización, siendo clave para la cohesión territorial en comunidades como Castilla y León, Galicia, Extremadura o Aragón.
Sin embargo, la rentabilidad media por explotación continúa degradada. En los últimos años, los productores han asumido incrementos significativos en alimentación animal, elevación de costes energéticos y de combustibles, mayor presión normativa en bienestar animal, adaptaciones obligatorias en materia de sostenibilidad y reducción de emisiones y un incremento de cargas administrativas.

Todo ello en un contexto donde la capacidad de trasladar costes a lo largo de la cadena sigue siendo limitada, con lo que ya me dirán que soluciones se plantean, sin hablar aquí de los recortes de la PAC que se están planteando.
El acuerdo entre la nefasta Von der Leyen y Mercosur contempla un contingente de
99.000 toneladas de carne de vacuno con arancel reducido. Aunque en términos agregados representa un porcentaje contenido del consumo europeo, el análisis sectorial obliga a valorar varios factores para los que no necesitamos una bola de cristal para verlos venir.
Tendrá efecto sobre precios en segmentos concretos, ya que la carne importada puede concentrarse en determinadas categorías comerciales, generando presión en cortes específicos y afectando a la formación de precios en origen.
Tendrá una gran diferencia en los costes de producción ya que los países del Mercosur operan con estructuras de costes inferiores, sólo teniendo en cuenta costes laborales, la normativa medioambiental, la falta de regulación sobre uso de fitosanitarios y medicamentos y las nulas exigencias en bienestar animal entre otros.
Aunque la carne importada debe cumplir requisitos sanitarios comunitarios (cosa que dudo), la fase productiva en origen no soporta el mismo nivel de exigencia regulatoria que el productor europeo.

A todo esto, debemos sumarle otros acuerdos con terceros países, también sin aplicar las famosas clausulas espejo. La suma de estos acuerdos con distintos países exportadores podría generar una presión estructural continuada, que los ganaderos e industria cárnica no podría soportar.
Y la guinda en esta situación son las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Australia. Australia es uno de los principales exportadores mundiales de carne de vacuno, con una fuerte orientación internacional y economías de escala significativas.

En un escenario de liberalización arancelaria, el mercado europeo podría recibir volúmenes adicionales procedentes de sistemas productivos altamente competitivos en costes. El riesgo no se limita al volumen total importado, sino a la presión sobre operadores y distribuidores, a la capacidad de negociación en contratos y a la volatilidad adicional en lonjas.
Esto nos lleva a que los políticos de moqueta de Bruselas enfrentan la competitividad con la coherencia regulatoria que llevamos años sufriendo.
Nos han obligado a los ganaderos europeos ha invertir durante décadas en trazabilidad completa desde el nacimiento hasta el consumidor, programas sanitarios estrictos, certificaciones de bienestar animal, reducción de huella de carbono y digitalización y control producto, elevando la calidad y seguridad del producto, pero también su coste. ¿Por qué no se pide lo mismo? ¿Quién se beneficia de estos movimientos?

Y ahora se inventan otro término, “las cláusulas de salvaguarda”. Si ya, antes de firmar un acuerdo, tienes que buscar cosas que justifiquen antes tus ganaderos que vas a actuar cuando vaya mal el acuerdo, es que no es buen acuerdo. La experiencia demuestra que cuando los precios caen por debajo del umbral de rentabilidad, muchas explotaciones no disponen de margen financiero para resistir largos periodos de incertidumbre.

El vacuno español ha demostrado capacidad de adaptación y profesionalización. Desde Vacuno de Élite bien lo sabemos. Sin embargo, la acumulación de acuerdos comerciales con grandes exportadores plantea un debate estructural sobre el equilibrio entre apertura de mercados y equilibrio interno del modelo productivo.

Detrás de cada tonelada producida hay inversión, empleo, territorio y una cadena de valor que sostiene buena parte del medio rural. Eso Ursula parece que no lo quiere entender o que se mueve por otros intereses que no son el campo, el agricultor y el ganadero español. Cuando el lobo se comió su poni, prestó atención a ese problema, quizá deberíamos regalarle otro poni a Von der Leyen.

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