La aprobación y puesta en marcha de un Real Decreto-Ley el pasado 25 de febrero para proteger a los agricultores y ganaderos en el reparto de costes de la cadena de producción, así como fortalecer las cadenas de valor de la cadena alimentaria, no está aportando de momento los resultados deseados.

La organización agraria Asaja Madrid denuncia que, en un momento de extrema sensibilidad por la excepcionalidad del estado de alarma y la necesidad de garantizar el suministro de alimentos a la población, la normativa no se está aplicando. Es el caso concreto que están viviendo entre los productores de leche de vaca, donde muchos ganaderos siguen vendiendo por debajo de los costes de producción.

El de la producción de leche es un mercado no tan complejo como otros. Entre el productor y el consumidor esencialmente se interpone una central lechera y un distribuidor, un esquema dentro del que puede englobarse el 90% de todo el sector. Una central lechera de un tamaño medio puede transformar diariamente entre 80.000 y 100.000 litros de producto. Con un ahorro de seis céntimos por litro, al cabo del día puede ahorrarse 6.000 euros en el pago a un productor. La perspectiva del tiempo incrementa la dimensión del problema y la legitimidad de la reivindicación. En un mes son 180.000 euros de ahorro. En medio año, en torno a un millón de euros.

La aplicación de la ley no está siendo contundente y los costes de producción no están apareciendo en los contratos de compraventa. “Esas reclamaciones caen en saco roto. La industria siempre esgrime que no puede acometer ese incremento en el precio que paga, porque se quedaría sin dinero o porque su aplicación repercutiría fatalmente en el consumidor. La suya es una posición de fuerza y la mayoría de los ganaderos no puede enfrentarse a esa mano que les da de comer. Es la hora de que las instituciones actúen”, indica Francisco José García, presidente de Asaja Madrid.