La antigua definición que los Reglamentos comunitarios daban para los pastos permanentes excluían en Extremadura una parte importante de los pastos arbolados, ya que la Comisión entendía que debajo de especies como la encina, el alcornoque, el roble y otras especies arboleas mediterráneas no se producían alimentos para el ganado por lo que nos penalizó a Extremadura con más de 90 millones de euros y se tuvieron que descontar estas superficies de las dehesas.

Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2018 del Reglamento Omnibús, esta circunstancia ha cambiado y entiende el Consejo y el Parlamento que efectivamente debajo de una encina se produce alimento para el ganado. Era opcional por los estado miembros acatar esta nueva definición y el Ministerio de Agricultura aprobó el 27 de enero el Real Decreto 27/2018 que ampliaba la definición de pastos permanentes por lo que ya no sería necesario descontar la superficie arbolada de las dehesas.

Los ganaderos extremeños entendían que con la nueva definición que la normativa europea y estatal se daba a los pastos permanentes, Extremadura recuperaría las más de 500.000 has perdidas y que tanto el Ministerio como la Consejería se pondrían a trabajar para recuperar la superficie que en justicia nos corresponde, ya que habíamos pasado de los 2.900.000 derechos a 2.395.563 por los descuentos de superficies injustificados.

Sin embargo, la Unión de Extremadura señala que el Ministerio, aparte de publicar el Real Decreto, “no va a hacer nada” para que los ganaderos recuperen la superficie perdida de sus explotaciones.

También considera que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura “está poniendo trabas injustificadas e ilegales” para que los ganaderos no puedan ni siquiera solicitar la recuperación de su superfie. Ejemplo de estas trabas es la Resolución de 3 de abril, por las que se impide a muchas explotaciones poder recuperar la superficie sustraída.

La Unión de Extremadura va a presentar una denuncia por estas actuaciones a la Comisión Europea, si antes del 20 de mayo no se retira la citada resolución, ya que entiende que se está incumpliendo la normativa comunitaria.